La actividad de los grupos de presión sobre los legisladores de la UE sigue escapando a los mecanismos de control, según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo. El registro de transparencia de la UE, que ofrece información sobre los grupos de presión con actividad en la Comisión, el Parlamento y el Consejo, tiene características positivas e informa al ciudadano sobre la posible influencia de estos grupos. Sin embargo, presenta una serie de insuficiencias y lagunas informativas que restan transparencia a la actividad de estos grupos en las tres mayores instituciones de la UE. Además, los grupos de presión pueden evitar que se registren una serie de interacciones a través de las cuales aún pueden influir en los legisladores de la UE.

La actividad de los lobbies o grupos de presión es una herramienta democrática que permite a organizaciones y personas contribuir a las políticas y al proceso decisorio. No obstante, sin mecanismos de transparencia, estos grupos pueden dar lugar a influencia indebida, competencia desleal e incluso corrupción. Las instituciones aplican sus propios marcos éticos para disuadir al personal de seguir un comportamiento poco ético. La Comisión, el Parlamento y el Consejo también adoptaron el registro de transparencia, un punto de entrada centralizado para los grupos de presión que deseen influir en el desarrollo de las políticas y decisiones de la UE. En 2021, estas instituciones acordaron el principio de condicionalidad, por el que el registro es una condición previa necesaria para que los grupos de presión puedan llevar a cabo determinadas actividades.

«El registro de transparencia de la UE debe reforzarse para que no quede en papel mojado», afirma Jorg Kristijan Petrovič, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo que dirige la auditoría. «Ofrece información útil sobre la actividad de los grupos de presión, pero no es la panacea. Varias interacciones de los grupos de presión con los legisladores de la UE pueden quedar ocultas al ojo público, lo que reduce la transparencia y mina la confianza de la ciudadanía».

El acuerdo interinstitucional de 2021 concuerda ampliamente con los principios internacionales de transparencia e integridad que se aplican a las actividades de los grupos de presión. Sin embargo, no establece requisitos mínimos de ejecución, sino que deja margen para que las instituciones lo apliquen de manera diferente, por ejemplo, en lo que respecta a las actividades de los grupos de presión que requieren inscripción en el registro, o las vías de interacción que tienen estos grupos con los miembros y el personal de las instituciones. El hecho es que los grupos de presión deben inscribirse en el registro solo en el caso de determinadas reuniones y actividades (como, por ejemplo, asistir a audiencias o grupos de expertos). Así, una organización no gubernamental identificada en el caso «Qatargate» no estaba inscrita en el registro, pero había coorganizado una conferencia en el Parlamento en junio de 2022. Al mismo tiempo, las medidas de ejecución que pueden tomar las instituciones para garantizar que los grupos de interés cumplan las obligaciones de registro e información son insuficientes. Entre 2019 y 2022, se eliminó un promedio de casi mil grupos de presión cada año por motivos administrativos. En cambio, después de las investigaciones, solo se eliminaron seis.

Los auditores se muestran críticos ante el hecho de que los grupos de presión deben registrarse solo para reunirse con los cargos más altos, y de que solo se notifiquen las reuniones previamente organizadas. No es necesario mantener un registro formal de las reuniones espontáneas, de las llamadas telefónicas no planificadas, ni de los intercambios de correo electrónico, y los grupos de presión no están obligados a registrarse para reunirse con el personal que se encuentre por debajo de la dirección general, es decir, la mayoría. Las instituciones están tomando medidas para aumentar la transparencia y fomentar la inscripción en el registro, y así recabar más información sobre reuniones y actividades con grupos de presión inscritos. Pero esta información no se publica sistemáticamente. Además, todavía deberían mejorarse los controles de los datos registrados por estos grupos, especialmente por el riesgo de que las ONG financiadas por terceros no divulguen sus fuentes de financiación y declaren solo que representan sus propios intereses o el interés colectivo de sus miembros, como ocurre con un tercio de las ONG inscritas. Por último, el sitio web del registro plantea graves problemas para ofrecer suficiente información sobre aspectos clave de la actividad de los grupos de presión que permita el control público. También debería ser más fácil de usar.

Información de referencia

El número de grupos de presión inscritos en el registro de transparencia de la UE ha aumentado significativamente desde su creación, pasando de 5 500 grupos en 2012 a aproximadamente 12 500 en 2024. El registro es voluntario y se basa en el acuerdo interinstitucional, que no es un acto legislativo con fuerza ejecutiva. Como tal, no puede dar lugar a sanciones, a diferencia de algunos acuerdos legislativos en países de la UE que también abarca una mayor variedad de profesionales. En diciembre de 2022 surgieron acusaciones de que Qatar había influido ilegalmente en diputados al Parlamento Europeo antiguos y actuales (o que incluso los había sobornado) para alcanzar determinados objetivos de su política exterior («Qatargate»). Desde entonces, el Parlamento ha tomado varias decisiones sobre la forma de aplicar el registro. La auditoría comenzó con anterioridad, y se centró en el período 2019-2022, pero tomó en cuenta estas decisiones. La Defensora del Pueblo Europeo constató recientemente la mala administración por parte de la secretaría del registro (que comparten las tres instituciones) por no haber llevado a cabo investigaciones significativas.

El Informe Especial 05/2024 «El Registro de Transparencia de la UE - Proporciona información útil, aunque limitada, de las actividades de los grupos de presión» puede consultarse en el sitio web del Tribunal de Cuentas Europeo. Las recomendaciones de los auditores son de utilidad para la revisión de 2025 del acuerdo interinstitucional. En 2019, el Tribunal de Cuentas Europeo publicó un informe sobre los marcos éticos en las instituciones de la UE.