El Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) ha examinado la respuesta inicial de la UE a la crisis
de COVID-19 y señala algunos desafíos a los que se enfrenta la UE en su apoyo a las acciones de
salud pública de los Estados miembros. Entre ellos cabe mencionar el establecimiento de un marco
adecuado para las amenazas transfronterizas para la salud, la facilitación del suministro de
material adecuado en situaciones de crisis y el apoyo al desarrollo de vacunas.
Las competencias de la UE son limitadas en el ámbito de la salud pública. Su función consiste
principalmente en apoyar la coordinación de las acciones de los Estados miembros (a través del
Comité de Seguridad Sanitaria), facilitar la contratación pública de material médico (mediante la
creación de contratos marco de adquisición conjunta) y recopilar información / realizar evaluaciones
de riesgos a través del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la UE emprendió nuevas acciones para abordar
cuestiones urgentes, facilitando el suministro de material médico y el intercambio de información
entre Estados miembros, así como la promoción de la realización de pruebas y la investigación sobre
tratamientos y vacunas. Hasta el 30 de junio de 2020, había asignado el 3 % de su presupuesto anual
al apoyo de medidas relativas a la salud pública.
«Para la UE supuso un desafío complementar rápidamente las medidas adoptadas en el marco de
su mandato formal y apoyar la respuesta de la sanidad pública a la crisis de COVID-19», ha declarado
Joëlle Elvinger, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del análisis. «Todavía es
prematuro auditar las medidas en curso o evaluar el impacto de las iniciativas de la UE en materia
de salud pública relacionadas con el COVID-19, pero estas experiencias pueden ofrecer enseñanzas
para toda reforma futura de las competencias de la UE en este ámbito».