Los auditores del Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) consideran que las listas negras no se utilizan eficazmente para impedir el pago de fondos de la UE a particulares, empresas u organizaciones públicas implicados en actos ilegales como fraude o corrupción. La Comisión Europea ha incluido muy pocos nombres en las listas negras debido a las insuficiencias de los mecanismos que determinan quiénes deben quedar excluidos de optar a la financiación de la UE. Además, los Estados miembros ejecutan la mayoría del gasto de la UE, pero no están obligados a establecer sistemas de listas negras per se y aplican diferentes enfoques para proteger los intereses financieros de la UE. Debido a este mosaico de medidas de exclusión, la eficacia general de las listas negras es menor y la protección del presupuesto de la UE en Europa es desigual.
La inclusión en una «lista negra» (también denominada «exclusión») es una herramienta clave que los Gobiernos y las organizaciones internacionales utilizan para proteger sus finanzas. Desde 2016, la Comisión aplica el Sistema de Exclusión y Detección Precoz (EDES), único sistema de exclusión de la UE, para señalar las contrapartes de riesgo a los responsables de la autorización de los gastos gestionados por la Comisión directamente o a través de socios. El EDES no es aplicable en ámbitos como agricultura y cohesión, que son administrados en régimen de gestión compartida entre la Comisión y los Estados miembros, y representan el grueso del gasto de la UE.
«Las listas negras pueden ayudar a evitar que los fondos de la UE caigan en malas manos, pero no se utilizan con eficacia: en la UE y en los Estados miembros aplicamos múltiples enfoques de exclusión» afirma Helga Berger, Miembro del Tribunal encargada de la auditoría. «Por otra parte, no existen o no se usan datos pertinentes para confeccionar la lista negra de la UE, por lo que esta pierde su utilidad y su efecto preventivo. Un sistema vale lo que vale la información que contiene», añade.