Desde 2000, la UE ha invertido 23 700 millones de euros en infraestructuras ferroviarias de alta velocidad. No existe un plan de la UE realista a largo plazo para las líneas ferroviarias de alta velocidad, sino un sistema fragmentado e ineficaz de líneas nacionales mal conectadas, puesto que la Comisión Europea no dispone de herramientas legales ni está facultada para forzar a los Estados miembros a construir las líneas tal y como se acordó.
Está en juego la rentabilidad, ya que las líneas de velocidad muy alta no son necesarias en todos los lugares en los que se han construido puesto que el coste por minuto de trayecto ahorrado (369 millones de euros) es muy alto y la velocidad media sólo representa el 45 % de la capacidad máxima, mientras que los sobrecostes y los retrasos en la construcción constituyen la norma y no la excepción.
La sostenibilidad es baja, falta eficacia en las inversiones, y el valor añadido que aporta la UE está en situación de riesgo, ya que el bajo número de pasajeros en tres de las siete líneas finalizadas conduce a un riesgo elevado de gasto ineficaz de 2 700 millones de euros de la cofinanciación de la UE. Además, nueve de las catorce líneas y tramos de alta velocidad auditados no cuentan con un número suficientemente elevado de pasajeros potenciales, y todavía existen 11 000 normas nacionales, aunque el Tribunal ya pidió en 2010 que se suprimieran dichas barreras técnicas y administrativas.