El objetivo de nuestra fiscalización era determinar la eficacia del
apoyo de la Comisión a la implantación de una infraestructura de
acceso público en toda la UE para la recarga de vehículos
eléctricos.
Hallamos que, a pesar de logros tales como promover una norma
común de la UE para la recarga y mejorar el acceso a las
diferentes redes de carga, siguen existiendo obstáculos para
desplazarse por la UE en vehículos eléctricos. La disponibilidad de
estaciones de recarga varía entre los diferentes países, los
sistemas de pago no están armonizados con unos requisitos
mínimos y no hay suficiente información para los usuarios. Al no
disponer de un análisis exhaustivo del déficit de infraestructuras,
la Comisión no ha podido garantizar que la financiación de la UE
se destine allí donde es más necesaria. La UE sigue muy lejos de
alcanzar su objetivo del Pacto Verde (1 millón de puntos de
recarga para 2025), y carece de una hoja de ruta estratégica
general para la electromovilidad.
Formulamos una serie de recomendaciones dirigidas a la
Comisión Europea para contribuir a mejorar la implantación de
una infraestructura de recarga de acceso público en toda la UE.
Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo con arreglo al
artículo 287, apartado 4, segundo párrafo, del TFUE.