El sistema de financiación del presupuesto de la Unión Europea no se ha reformado de manera significativa desde 1988. Las modificaciones propuestas recientemente sobre la recaudación de los ingresos de la UE, que garantizarán la igualdad de condiciones entre Estados miembros, son en general un paso en la dirección adecuada, pero se pueden mejorar. Esta es la principal conclusión extraída del Dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo sobre una revisión propuesta de los procedimientos de recaudación de ingresos de la UE que se emite hoy.
El presupuesto de la UE se financia a través de tres fuentes principales de ingresos: los recursos propios tradicionales, un recurso propio basado en la renta nacional bruta (RNB) de los Estados miembros y otro basado en el Impuesto sobre el Valor añadido (IVA). En 2021, el sistema de financiación de la UE se reformó con algunas modificaciones en dos de estas fuentes (los recursos propios tradicionales y la contribución basada en el IVA). También se introdujo un nuevo recurso propio basado en residuos de envases de plástico que no se reciclan. El Reglamento de puesta a disposición de los recursos propios es el principal acto legislativo que rige la recaudación de ingresos de la UE. La Comisión Europea propuso algunas modificaciones a este Reglamento, y aunque algunas de ellas han sido aplaudidas por el Tribunal de Cuentas Europeo, esta institución señala que la propuesta legislativa presenta algunos inconvenientes.
«Algunas modificaciones propuestas a los flujos de ingresos de la UE tienen mucho sentido», afirma Marek Opioła, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo encargado del Dictamen. «Las relativas a la forma en que se ponen a disposición los recursos propios de la UE aportarán una mayor previsibilidad para los Estados miembros y ayudarán a reducir la carga administrativa para la Comisión Europea. Sin embargo, otras propuestas no son tan prometedoras. Por ejemplo, los procedimientos propuestos para la resolución de litigios difieren en parte de las normas establecidas en otros reglamentos vigentes, lo que puede dar lugar a que el sistema de recursos propios sea más complejo y afecte a la seguridad jurídica».