Nuestras fiscalizaciones
¿Cómo se realiza el trabajo de auditoría real?
Las etapas principales del proceso de auditoría son las siguientes:
• programación: determinación de las prioridades de auditoría anuales y plurianuales sobre la base de un análisis de riesgos y de las políticas, y selección de las tareas de auditoría en consecuencia.
• plan de fiscalización: establecimiento de etapas detalladas de la auditoría para garantizar que el proceso sea eficiente y eficaz, fijación del alcance específico y el enfoque de la fiscalización y planificación de recursos e hitos.
• trabajo de auditoría sobre el terreno: obtención de pruebas de auditoría directas sobre el terreno de las instituciones, agencias y organismos descentralizados de la UE, administraciones nacionales y regionales de los Estados miembros y otros beneficiarios de fondos de la UE. Las fiscalizaciones se realizan utilizando distintos métodos, como análisis de documentos e informes, técnicas de preguntas directas como entrevistas, paneles de expertos y encuestas, y procedimientos analíticos como los análisis multicriterio y las evaluaciones comparativas. Los organismos auditados deben remitir cualquier documento o información que los auditores del Tribunal consideren necesario a efectos de la fiscalización.
• procedimiento de liquidación con la entidad auditada: comprobación de los hechos con el organismo auditado y confirmación de la validez de las constataciones. Los datos y constataciones se liquidan en varias etapas, incluido, cuando proceda, con los organismos fiscalizados en los Estados miembros, terceros países u organizaciones internacionales.
• elaboración de informes: presentación de las constataciones, conclusiones y recomendaciones en un informe, junto con la respuesta de las entidades auditadas. Todos los informes del Tribunal se hacen públicos.
• trabajo de seguimiento: evaluación del grado en que las entidades auditadas han aplicado las recomendaciones, en general en un plazo de tres años tras la finalización de la fiscalización.
¿Cuánto tiempo tarda el Tribunal en realizar las auditorías?
El objetivo del Tribunal es completar sus auditorías concretas en un plazo, acordado con el Parlamento Europeo, de trece meses desde la aprobación de la planificación detallada hasta la aprobación del informe. Teniendo en cuenta todas las etapas mencionadas anteriormente, el Tribunal considera que es un plazo muy eficiente, sobre todo considerando que todos los informes deben ser publicados en las 23 lenguas europeas.
¿Qué significa «auditoría de gestión»?
Las auditorías de gestión del Tribunal examinan la eficacia, eficiencia y economía de las políticas y programas de la UE, y si se han aplicado los principios de buena gestión financiera en los ingresos o gastos de la UE. Estas auditorías abarcan una amplia gama de temas, con un enfoque particular en el uso sostenible de los recursos naturales, el crecimiento y la inclusión, la migración, la seguridad y el desarrollo global, el mercado único y una Unión Europea responsable y eficiente que aporta valor añadido europeo.
¿Cómo selecciona el Tribunal sus tareas de auditoría?
El Tribunal selecciona sus tareas de auditoría de forma independiente utilizando un riguroso proceso de priorización y selección anual basado en una evaluación del riesgo que abarca la totalidad de las políticas y del presupuesto de la UE. El Tribunal también tiene en cuenta las aportaciones de partes interesadas institucionales como el Parlamento Europeo.
Además, adopta estrategias plurianuales para aplicar las prioridades a largo plazo relativas tanto a los campos y los métodos de auditoría, como a la organización interna del Tribunal.
¿Qué conocimientos especializados tiene el Tribunal para llevar a cabo auditorías especializadas? ¿Recurre a expertos externos?
La formación y experiencia profesionales de los auditores del Tribunal, adquiridas tanto en el sector público como en el privado, son muy variadas y abarcan la contabilidad, la gestión financiera, la auditoría interna y externa, el Derecho y la Economía. En los casos en que necesita centrarse más en un ámbito político concreto, como, por ejemplo, la supervisión bancaria, contrata personal especializado.
Además, recurre a expertos externos con los que debate su plan de fiscalización y análisis de riesgos y que pueden contribuir también a la concepción y la realización de auditorías y análisis concretos.
En los Estados miembros, algunas auditorías se realizan también en colaboración con las entidades fiscalizadoras superiores nacionales y sus auditores pueden unirse a los equipos del Tribunal.
¿Por qué realiza el Tribunal las fiscalizaciones varios años después de la ejecución de la política o del programa?
El Tribunal cree que es importante que las políticas de la UE logren sus objetivos previstos y que los programas de gasto hagan un uso óptimo de los recursos. Por tanto, se necesita esperar algún tiempo para que se ejecuten los proyectos y programas y para que obtengan los primeros resultados. En ocasiones, en función de la política y el programa, esto puede llevar varios años. Por este motivo, la mayoría de las fiscalizaciones y los análisis del Tribunal son ex post. De lo contrario, no se podría realizar una evaluación basada en pruebas.
¿Cómo garantiza el Tribunal la independencia y la objetividad de sus fiscalizaciones?
Las fiscalizaciones del Tribunal se realizan de acuerdo con el código de control de calidad establecido por INTOSAI, la organización internacional de entidades fiscalizadoras superiores. Los auditores del Tribunal están sujetos al código de conducta profesional de INTOSAI. Entre otras cosas, este exige que actúen de manera imparcial y que estén libres de circunstancias o influencias que puedan comprometer, o que pueda considerarse que comprometen, su criterio profesional.
Asimismo, el Tratado exige que los Miembros del Tribunal sean totalmente independientes en el ejercicio de sus funciones. Esto quiere decir que no deben solicitar ni aceptar instrucciones de ninguna fuente externa, que deben abstenerse de realizar cualquier acción incompatible con sus funciones y que no podrán ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no. Si incumplen estas condiciones, pueden ser depuestos de su cargo por el Tribunal de Justicia.
¿Qué sucede con las recomendaciones del Tribunal tras la publicación de un informe?
Los resultados del trabajo del Tribunal pueden ser utilizados por la Comisión Europea, el Parlamento, el Consejo, los Parlamentos nacionales y las administraciones de los Estados miembros para introducir mejoras en el modo en que se aplican sobre el terreno las políticas y programas de la UE tales como cambios legislativos o normativos, mejores orientaciones o nuevos enfoques en la ejecución de las políticas o los programas. Con el tiempo, aproximadamente el noventa por ciento de las recomendaciones del Tribunal han sido aceptadas total o parcialmente, y menos del cinco por ciento han sido rechazadas.
¿Realiza el Tribunal un seguimiento de las mismas?
Sí. Generalmente, una vez transcurridos tres años, comprobamos hasta qué punto se han aplicado las recomendaciones.
¿Puede el Tribunal hacer cumplir sus propias recomendaciones?
El papel del Tribunal consiste en facilitar orientación a través de sus recomendaciones y no en hacer que se cumplan.
Si sus fiscalizaciones determinan que se ha pagado dinero indebidamente y que se debe recuperar, la Comisión tiene los medios para controlarlo, incluso en el caso de los programas de gasto de la UE ejecutados por las administraciones de los Estados miembros.
Cuando hay sospechas de fraude, el Tribunal remite el caso a la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que cuenta con sus propios expertos. Para ello se requieren capacidades diferentes de las de auditoría, y el Tribunal percibe la separación como un medio de emplear esas capacidades de la mejor manera. La OLAF investiga los casos y, en función del resultado, los remite a las fiscalías nacionales.
Posteriormente, el Tribunal realiza un seguimiento de las medidas correctoras adoptadas por la Comisión y la OLAF, o de si, en función del resultado de las investigaciones de las fiscalías nacionales, estos casos han dado lugar a sanciones judiciales.
Nuestros Miembros y el trabajo del Tribunal con terceros
¿Cómo son nombrados los Miembros del Tribunal?
Los Miembros del Tribunal son nombrados por el Consejo, previa consulta con el Parlamento Europeo, tras su designación por el respectivo gobierno del Estado miembro. Los Miembros son nombrados por un mandato renovable de seis años y están obligados a ejercer sus funciones con absoluta independencia y en interés general de la Unión Europea.
¿Trabajan los Miembros directamente en las fiscalizaciones?
Sí. Además de formar parte del órgano colegiado, los Miembros están adscritos a una de las cinco Salas, que están especializadas en distintos ámbitos políticos y adoptan la mayoría de los informes y dictámenes de auditoría.
Cada Miembro es responsable además de tareas específicas, primordialmente en el ámbito de la auditoría. Los auditores de la Sala se encargan del trabajo de auditoría en el que se basan los informes. Posteriormente, el Miembro presenta el informe a la Sala o al órgano colegiado en pleno y, tras su aprobación, al Parlamento Europeo y a otras partes interesadas institucionales, así como a los medios de comunicación.
¿Cómo colabora el Tribunal con el Parlamento Europeo, el Consejo y los Parlamentos nacionales?
El hecho de que el Tribunal decida y ejecute su programa de trabajo de manera plenamente independiente no quiere decir que trabaje solo o que consulte a sus socios institucionales para conocer cuáles son sus necesidades de información. El Tribunal ha desarrollado una relación estrecha con el Parlamento Europeo para recibir sugerencias de auditoría lo antes posible en el proceso de planificación. También escucha al Consejo, que es la voz de los Estados miembros, y a los Parlamentos de los propios Estados miembros. En los últimos años, ha recibido un número considerable de sugerencias que fueron muy útiles y sobre las que ha actuado.
Naturalmente, mantiene también un diálogo abierto con la Comisión Europea, como la institución principalmente competente en la ejecución de sus recomendaciones.
¿Cómo coopera el Tribunal con los tribunales de cuentas de los Estados miembros?
El Tribunal mantiene una relación de trabajo muy estrecha con las entidades fiscalizadoras superiores de los Estados miembros de la UE, en el contexto del Comité de Contacto de la UE y a través de contactos bilaterales.
Los auditores de las entidades fiscalizadoras superiores de la UE pueden acompañar al Tribunal al realizar el trabajo de campo de fiscalización en su Estado miembro.
También intercambian información y experiencia a través de su participación en EUROSAI e INTOSAI, la organización europea e internacional de entidades fiscalizadoras superiores.
¿Tiene en cuenta el Tribunal el trabajo de otros en su trabajo de auditoría?
Sí. Los controles internos en la Comisión Europea y en los Estados miembros se han reforzado considerablemente en los últimos años, por lo que el Tribunal puede basarse en mayor medida en ellos para evaluar la regularidad del gasto. Actualmente, el Tribunal está probando un enfoque de encargo de atestiguamiento para su declaración de fiabilidad anual en el ámbito de la política de cohesión,
lo que contribuye a fomentar la rendición de cuentas y a mejorar la gestión de las finanzas de la UE. El Tribunal tiene la intención de aplicar este enfoque en todos los ámbitos del presupuesto de la UE en los que se cumplan las condiciones necesarias y en los que un enfoque de este tipo sea rentable.
Informe anual del Tribunal
¿Cuál es la función del Tribunal de Cuentas Europeo con respecto al presupuesto de la UE?
Todos los años, el Tribunal controla las cuentas de la UE y emite su opinión sobre dos cuestiones: si las cuentas anuales son exactas y fiables, y en qué medida existen pruebas de que la recepción y el pago de fondos es conforme con las normas aplicables nacionales y de la UE.
Sobre esta base, el Tribunal formula su declaración de fiabilidad, que presenta al Parlamento Europeo y al Consejo de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
¿Es cierto que el Tribunal de Cuentas Europeo no ha aprobado nunca las cuentas de la UE?
No. El Tribunal ha aprobado las cuentas y las ha considerado fiables (con una «opinión sin reservas») en todos los ejercicios desde 2007, lo que quiere decir que llegó a la conclusión de que presentaban fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la UE y sus resultados del ejercicio.
Además de la opinión sobre las cuentas, el Tribunal debe emitir una opinión, basada en su trabajo de auditoría, sobre si los pagos subyacentes se efectuaron con arreglo a las normas aplicables.
Uno de los elementos sobre los que basa su opinión es su estimación del nivel de error en la población auditada. Se considera que existe error en los pagos si los fondos no deberían haberse abonado con cargo al presupuesto de la UE por no haber sido utilizados con arreglo a la normativa nacional o de la UE.
Se ha registrado una mejora constante en el nivel de error estimado de los pagos efectuados en los últimos ejercicios: 2014: 4,4 %; 2015: 3,8 %; 2016: 3,1 %; 2017: 2,4 %; 2018: 2,6 %. Asimismo, desde 2016, buena parte del gasto fiscalizado no estaba afectado por un nivel material de error y, sobre esta base, el Tribunal ha emitido una «opinión con reservas» desde entonces.
¿Qué se entiende por «opinión sin reservas», «opinión con reservas» y «opinión desfavorable»?
Una opinión «sin reservas» significa que las cifras presentan una imagen fiel y veraz, y se atienen a las normas de información financiera.
Los auditores emiten una «opinión con reservas» cuando no pueden emitir una opinión sin reservas, pero los problemas identificados no están generalizados, es decir, que no se dan en toda la población.
Una opinión «desfavorable» indica la existencia de problemas generalizados.
¿Qué es un «nivel material de error»?
En terminología de auditoría, un error se considera material cuando puede influir en la decisión de los usuarios a los que se destinen los estados financieros y el informe de auditoría. El Tribunal y la Comisión Europea establecen un umbral del 2 % para determinar la materialidad.
Si, por ejemplo, se estima que el nivel de error es del 2 %, ¿significa esto que se despilfarraron aproximadamente 3 000 millones de euros de los fondos de la UE?
No. Este planteamiento puede resultar engañoso, ya que existe una gran diferencia entre «error» y «despilfarro». En sus controles, el Tribunal comprueba si los fondos de la UE se destinaron a los fines previstos, si los costes imputados se calculan adecuadamente y si se cumplen los requisitos de subvencionabilidad. A esto se refiere la estimación del porcentaje de error.
Algunos de los errores afectan a fondos que no cumplían los requisitos de subvencionabilidad: por ejemplo, las declaraciones incorrectas de superficie por agricultores o la ayuda concedida a actividades de investigación a una empresa clasificada como «pequeña o mediana» que sin embargo pertenecía íntegramente a otra gran empresa. En dichos casos, los fondos de la UE también pueden tener algún efecto positivo y aportar beneficios, pese a no haber cumplido plenamente las condiciones para su utilización,
mientras que algunos gastos legales y regulares pueden, por el contrario, constituir un despilfarro, como la construcción de una infraestructura portuaria sin tener debidamente en cuenta la evolución futura del tráfico de mercancías.
¿Constituyen los errores hallados casos de fraude?
En la gran mayoría de los casos, no. El fraude implica un engaño deliberado con el fin de conseguir alguna ventaja. Aunque puede ser difícil detectar casos de fraude durante los procedimientos de auditoría habituales, el Tribunal constata en sus pruebas de auditoría varios casos al año de presunto fraude.
En 2018, los auditores hallaron 9 casos (13 en 2017) de presunto fraude en unas 728 operaciones fiscalizadas. Todos estos casos se remiten a la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
¿Por qué es tan bajo el número de casos detectados de presunto fraude en su informe anual?
El Tribunal no se dedica a buscar el fraude; ese no es su papel como auditor externo de la UE. Cuando tiene sospechas de fraude, informa a la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. La OLAF investiga los casos y, en función del resultado, los remite a las fiscalías nacionales.
Posteriormente, el Tribunal realiza un seguimiento de las medidas correctoras adoptadas por la Comisión y la OLAF, o de si, en función del resultado de las investigaciones de las fiscalías nacionales, estos casos han dado lugar a sanciones judiciales.
¿Por qué no fiscaliza el Tribunal a todos los Estados miembros de la UE en su informe anual?
Nuestra auditoría se centra en el presupuesto de la UE y en su gestión por la Comisión Europea y no está concebida para obtener información de cada Estado miembro. Sobre la base de su declaración de fiabilidad, el Tribunal expresa una opinión de auditoría sobre la regularidad de los ingresos y los gastos de la UE en su conjunto. Esto explica por qué, al menos en algunas áreas del presupuesto, no se incluye todos los años a todos los Estados miembros en la muestra de auditoría.
Al mismo tiempo, a través de sus evaluaciones específicas, el Tribunal ofrece anualmente información más detallada de los principales ámbitos de gasto.
