La Unión Europea está comprometida con la protección del medio ambiente en todo el mundo, y ello incluye la política medioambiental de sus instituciones. Como institución de la UE, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) tiene obligación de contribuir al desarrollo sostenible adhiriéndose a los principios de una buena gestión medioambiental en su trabajo de todos los días.
Política medioambiental
El 28 de noviembre de 2014, el Tribunal de Cuentas Europeo adoptó su primera política medioambiental La política se actualizó en 2025 para tener en cuenta los avances y logros de los últimos diez años de aplicación de un sistema de gestión medioambiental de alta calidad.
Mediante esta política, el Tribunal se compromete a:
- minimizar el impacto medioambiental del trabajo diario;
- mejorar continuamente el rendimiento medioambiental;
- cumplir con toda la legislación y las obligaciones medioambientales pertinentes.
Norma ambiental ISO 14001:2015
El TCE cumple los requisitos de certificación de la norma de calidad internacionalmente aceptada standard ISO 14001:2015 (Sistema de gestión ambiental) y tiene el certificado oficial ISO 14001.
Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)
El TCE participa en el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), herramienta de gestión que permite evaluar, notificar y mejorar el comportamiento ambiental de las organizaciones; En marzo de 2017, pasó a formar parte del registro EMAS y puso en marcha con éxito un sistema de gestión medioambiental conforme al Reglamento EMAS n.º 1221/2009, modificado por el Reglamento (UE) 2017/1505, y a la norma ISO 14001.
Para más información, puede consultarse la declaración medioambiental del TCE, validada por un verificador acreditado, en la que se presentan los resultados de su comportamiento ambiental y los planes futuros de mejora.
Informe de la huella de carbono del Tribunal de Cuentas Europeo
El Tribunal de Cuentas Europeo elaboró en 2014 su primer balance de carbono dirigido a medir las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por sus actividades, con vistas a reducir sistemáticamente sus emisiones de CO2.
La finalidad de este balance, que se reevalúa y se publica cada año, es realizar un seguimiento de las acciones emprendidas por nuestra institución para reducir su huella de carbono.
El Tribunal está elaborando actualmente una hoja de ruta para la reducción de emisiones de aquí a 2030, con el fin de cumplir los objetivos fijados por el Pacto Verde Europeo.
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